(In) Seguridad…
-Por José Angel Sánchez López-
Los titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública comparecieron el miércoles ante las comisiones del Congreso local.
Marco Antonio Higuera Gómez y Francisco (Frank) Manuel Córdova Celaya, llevaron informes, lamentos y proyectos de programas.
Cifras y buenos propósitos, pero sin plazos.
Tal parece que la tónica de los nuevos funcionarios es no poner metas definidas y plazos, como debe de ser.
Hubo de todo en la comparecencia, desde la finta con la pregunta de que si era alcohólico, hasta la banderilla que clavó el perredista Luis Javier Corvera en el mero morrillo al sacarle lo de su doble nacionalidad y el presunto impedimento para ocupar el cargo actual (luego aclarado en boletín oficial, que no convence a muchos).
A ello hay que agregar, por el otro lado, el coro de aplaudidores que presuntamente llevó el flamante Secretario de Seguridad Pública.
El Procurador planteó ante los Diputados un programa que contempla capacitación al personal de la dependencia, modernización tecnológica, supervisión y control, infraestructura, atención ciudadana y protección a víctimas y ofendidos de los delitos.
Por su parte, Córdova Celaya presentó un diagnóstico de la Secretaría a su cargo, en el que señala que de las 900 plazas nominales en la estructura de la Policía Estatal Preventiva, solamente encontró 381 policías activos, se quejó de que el parque vehicular está en malas condiciones y aseguró que en el 2010 el Instituto de Ciencias Penales no formó ni capacitó a ningún policía.
No todo fueron lamentos, ya que anunció el modelo de Policía Estatal Acreditable que estará integrada por una unidad de análisis táctico y una de investigación y propuso la integración de programas preventivos en materia social donde se involucre a los ayuntamientos, familias, organizaciones religiones, escuelas, empresas y medios de comunicación.
Esto, entre otros proyectos.
Como informes y proyectos no está mal, pero la mayoría de los diputados no quedaron muy satisfechos, como la mayoría de los sinaloenses que no quieren saber de quejas, programas y proyectos o buenos propósitos, sino de hechos.
Y los hechos nos revelan que los índices delincuenciales siguen a la alza, aunque las cifras que se manejan aparentemente tienden a la baja.
Al menos, que se establezcan compromisos en firme, con metas y plazos, como corresponde a toda planificación por objetivos.
Claro, no podemos pedirle peras al olmo, porque hemos de reconocer que el problema es mucho muy grave y las soluciones no son de corto plazo.
Lo malo es que al calor de las campañas y aun después de estas y al inicio de la actual administración se crearon expectativas mucho muy difíciles de cumplir.
El problema, repito tiene raíces muy profundas que pasan por la desintegración familiar, la caída en la calidad de la educación que reciben niños y jóvenes, la falta de organización de la sociedad para la prevención del delito y el apoyo necesario de las autoridades, la complicidad e irresponsabilidad de todos los niveles de gobierno, la corrupción de las corporaciones e instituciones de seguridad, etc., etc.
Un ingrediente más, que mencionamos en renglón aparte porque su importancia lo amerita, es la impunidad.
Si, la impunidad en la que están coludidos desde policías, funcionarios de seguridad pública, ministerios públicos y jueces.
Alguien dijo que la impunidad es la madre de todos los delitos, y yo añadiría que es una de las madres, porque ahí están las arriba mencionadas que también tienen que ver en el problema.
Al respecto, baste mencionar que, según estadísticas del INEGI correspondientes al 2009 pero recién publicadas hace unos días, ese año se dictó sentencia solo en 18 de cada 100 homicidios, es decir en menos de dos de cada 10 casos, la proporción más baja en este siglo.
No se detalla cuantas de esas sentencias corresponden a homicidios culposos y cuantos a los dolosos, que seguramente algo así como el 90% corresponde a los primeros, los cometidos en accidentes de tránsito o no intencionales.
Esto es a nivel nacional. No tenemos a la mano las cifras del Estado, pero no deben andar muy lejos de las citadas que son el promedio.
Eso si, las Procuradurías citan cifras de cientos, miles de detenidos, igual de consignados … y ¿los sentenciados?.
Donde anda la inmensa mayoría de esos detenidos…?
¡En la calle claro!
Esa es la triste y dramática realidad.
Por eso… ¿seguridad…?. Mas bien… inseguridad!
La impunidad y con ella la inseguridad, no conoce de discursos y están vigentes.
Comentarios y sugerencias a: sanlop2408@hotmail.com
Esta columna la puede leer también en el blog:
http//www.lospuntossobrelasiesdejasl.blogspot.com/ Marzo 25/11
-Por José Angel Sánchez López-
Los titulares de la Procuraduría General de Justicia del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública comparecieron el miércoles ante las comisiones del Congreso local.
Marco Antonio Higuera Gómez y Francisco (Frank) Manuel Córdova Celaya, llevaron informes, lamentos y proyectos de programas.
Cifras y buenos propósitos, pero sin plazos.
Tal parece que la tónica de los nuevos funcionarios es no poner metas definidas y plazos, como debe de ser.
Hubo de todo en la comparecencia, desde la finta con la pregunta de que si era alcohólico, hasta la banderilla que clavó el perredista Luis Javier Corvera en el mero morrillo al sacarle lo de su doble nacionalidad y el presunto impedimento para ocupar el cargo actual (luego aclarado en boletín oficial, que no convence a muchos).
A ello hay que agregar, por el otro lado, el coro de aplaudidores que presuntamente llevó el flamante Secretario de Seguridad Pública.
El Procurador planteó ante los Diputados un programa que contempla capacitación al personal de la dependencia, modernización tecnológica, supervisión y control, infraestructura, atención ciudadana y protección a víctimas y ofendidos de los delitos.
Por su parte, Córdova Celaya presentó un diagnóstico de la Secretaría a su cargo, en el que señala que de las 900 plazas nominales en la estructura de la Policía Estatal Preventiva, solamente encontró 381 policías activos, se quejó de que el parque vehicular está en malas condiciones y aseguró que en el 2010 el Instituto de Ciencias Penales no formó ni capacitó a ningún policía.
No todo fueron lamentos, ya que anunció el modelo de Policía Estatal Acreditable que estará integrada por una unidad de análisis táctico y una de investigación y propuso la integración de programas preventivos en materia social donde se involucre a los ayuntamientos, familias, organizaciones religiones, escuelas, empresas y medios de comunicación.
Esto, entre otros proyectos.
Como informes y proyectos no está mal, pero la mayoría de los diputados no quedaron muy satisfechos, como la mayoría de los sinaloenses que no quieren saber de quejas, programas y proyectos o buenos propósitos, sino de hechos.
Y los hechos nos revelan que los índices delincuenciales siguen a la alza, aunque las cifras que se manejan aparentemente tienden a la baja.
Al menos, que se establezcan compromisos en firme, con metas y plazos, como corresponde a toda planificación por objetivos.
Claro, no podemos pedirle peras al olmo, porque hemos de reconocer que el problema es mucho muy grave y las soluciones no son de corto plazo.
Lo malo es que al calor de las campañas y aun después de estas y al inicio de la actual administración se crearon expectativas mucho muy difíciles de cumplir.
El problema, repito tiene raíces muy profundas que pasan por la desintegración familiar, la caída en la calidad de la educación que reciben niños y jóvenes, la falta de organización de la sociedad para la prevención del delito y el apoyo necesario de las autoridades, la complicidad e irresponsabilidad de todos los niveles de gobierno, la corrupción de las corporaciones e instituciones de seguridad, etc., etc.
Un ingrediente más, que mencionamos en renglón aparte porque su importancia lo amerita, es la impunidad.
Si, la impunidad en la que están coludidos desde policías, funcionarios de seguridad pública, ministerios públicos y jueces.
Alguien dijo que la impunidad es la madre de todos los delitos, y yo añadiría que es una de las madres, porque ahí están las arriba mencionadas que también tienen que ver en el problema.
Al respecto, baste mencionar que, según estadísticas del INEGI correspondientes al 2009 pero recién publicadas hace unos días, ese año se dictó sentencia solo en 18 de cada 100 homicidios, es decir en menos de dos de cada 10 casos, la proporción más baja en este siglo.
No se detalla cuantas de esas sentencias corresponden a homicidios culposos y cuantos a los dolosos, que seguramente algo así como el 90% corresponde a los primeros, los cometidos en accidentes de tránsito o no intencionales.
Esto es a nivel nacional. No tenemos a la mano las cifras del Estado, pero no deben andar muy lejos de las citadas que son el promedio.
Eso si, las Procuradurías citan cifras de cientos, miles de detenidos, igual de consignados … y ¿los sentenciados?.
Donde anda la inmensa mayoría de esos detenidos…?
¡En la calle claro!
Esa es la triste y dramática realidad.
Por eso… ¿seguridad…?. Mas bien… inseguridad!
La impunidad y con ella la inseguridad, no conoce de discursos y están vigentes.
Comentarios y sugerencias a: sanlop2408@hotmail.com
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