EDITORIAL

De la opacidad al abuso…

La administración de Mario López Valdez tiene su principal talón de Aquiles en las áreas de procuración de justicia y seguridad pública.

Por mas que se esmere el propio gobernante y sus funcionarios en no reconocerlo públicamente y tratar de desvirtuar las críticas intentan engañar a la ciudadanía presentándole cifras maquilladas de “reducción” de delitos, operativos y acciones que son mas mediáticas que reales y en algunos casos arbitrarias porque se realizan pasando por encima de las leyes que deben ser norma de actitud, conducta y acción de todo gobernante y funcionario público.

El mes pasado, en vísperas del primer informe de gobierno de López Valdez el “encargado” de la dirección de la Policía Ministerial, Jesús Antonio Aguilar Iñiguez (a) “El Chuytoño” estuvo en Los Mochis, convocó a un grupo de agentes de la Policía Preventiva, incluido su titular con el pretexto de afinar el operativo decembrino de seguridad.

Fue pretexto para “levantar”, hablando en la jerga policiaca, a 32 elementos, entre ellos algunos que ni siquiera venían en la lista que traía el jefe de la ministerial.

Levantar, porque sin mediar orden de aprehensión ni de presentación, simplemente los privaron de su libertad, subieron a un autobús y se los llevaron a Culiacán para “investigarlos” sobre una serie de delitos que incluyen secuestros y hasta asesinatos, según el dicho del Procurador Marco Antonio Higuera Gómez.

Para “justificar” la retención se obtuvo una orden de arraigo con el objeto de lograr tiempo para reunir los elementos que permitan la consignación penal de los elementos que se encontraban, y todavía se encuentran algunos, privados ilegalmente de su libertad.

Es decir, cuando se los llevaron detenidos en forma arbitraria e ilegal, no había ningún elemento para su detención, al parecer solo denuncias sin fundamento.

Quince de los policías ya fueron liberados porque las “sesudas” investigaciones de la Ministerial que encabeza Aguilar Iñiguez y los agentes del Ministerio Público no lograron encontrar los elementos suficientes para procesarlos.

Asegura el Procurador que en los que quedan privados de su libertad si hay elementos y que habrá consignaciones. Dice.

Por una parte, en este caso se ha dado una flagrante violación a los derechos constitucionales y civiles de los agentes detenidos.

La Constitución General de la República en su artículo 16 SEÑALA: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad ad judicial y sin que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indicado. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal.”

Este derecho de los 32 elementos policiacos y está siendo fue violado flagrantemente por el Procurador y las áreas a su cargo involucradas en el caso.

Por otra parte los hechos demuestran que al decidir la detención no se tenía ninguna investigación y por lo tanto, no había prueba alguna en contra de los inculpados.

No se trata con estos señalamientos de defender ciegamente a los agentes. Puede que haya inocentes entre ellos.

Pero la forma como fueron detenidos es otra ilegalidad igual a las que presuntamente hayan cometido algunos.

Grave también que a los liberados no se les haya dado siquiera una disculpa y el Procurador se niegue a hacerlo.

Como grave también es el actuar del encargado de la Policía preventiva enviado de Culiacán, el agente ministerial Jesús Carrasco, que se niega a reinstalar a los agentes liberados en las áreas a las que estaban comisionados, a lo que tienen todo el derecho.

Estas acciones y el actuar de varios elementos policiacos que, encapuchados derriban puertas, entran a viviendas, roban bienes y dinero y se llevan detenidos sin contar con la orden judicial correspondiente.

En suma, estamos a dos fuegos: por un lado la delincuencia sembrando el terror con sus crímenes en los que cae gente inocente y, por el otro, policías convertidos en azote de los ciudadanos.

Estamos sumidos en un estado en donde el Derecho está ausente y, lo peor, de la opacidad e incapacidad de las autoridades se ha pasado a la arbitrariedad.