EDITORIAL

                       Justicia justa…?

La liberación de la francesa Florence Cassez ordenada por el fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha provocado fuertes reacciones de inconformidad en todo el país y de ira en aquellas personas que han sido víctimas de un secuestro, principalmente las víctimas de la banda de “El Zodiaco” a la que pertenecía la mujer.

En la mente de miles de mexicanos está que la decisión de ir mas allá de la demanda de amparo contra la sentencia para dejarla en inmediata libertad, es producto de un acuerdo tras bambalinas entre el gobierno mexicano y el de Francia, mas cuando la señora magistrada Olga Sánchez Cordero había presentado a los magistrados de la Primera Sala un proyecto de resolución de última hora lo cambió para poner en la mesa la libertad de la secuestradora.

El gobierno francés había emitido una declaración en el sentido de que las relaciones bilaterales entre ambos países se compondría hasta que la Cassez fuera liberada. ¿Desde cuando la situación de una delincuente, es objeto de diferencias diplomáticas…?

Algunos especialistas en derecho consideran que los magistrados y la misma Corte obraron en estricto apego a derecho constitucional ya que la señora secuestradora fue violentada en sus derechos humanos por no haber sido entregada al ministerio público dentro del tiempo que marca la ley y haber sido objeto de un operativo mediático, entre otros argumentos.

Sin embargo en la decisión de los magistrados no se tomó en cuenta que la señora tiene responsabilidad grave, toda vez que sus víctimas la identificaron plenamente no solo como secuestradora sino también por haber participado en la mutilación de una de las víctimas.

Ordenan su libertad cuando sobre ella pesan todavía delitos graves y no ordenaron las precauciones para impedir que abandonara el país y que sus
delitos quedaran impunes, toda vez que ahora ya está en su país, en donde para mas agravio del pueblo y la justicia mexicana, fue recibida como heroína.

La señora magistrada y sus compañeros que apoyaron su propuesta tampoco tomaron en cuenta los derechos humanos de las víctimas.

Pesó mas para estos magistrados cómplices de la violación de la justicia justa, mas que los derechos de la francesa secuestradora, su calidad de extranjera.

Sus víctimas por ser mexicanos ahí se quedan rumiando su coraje e impotencia.

Ahora bien, si como dicen los señores especialistas en derecho, se obró en estricto apego a la Constitución y el Derecho, también es cierto que en la decisión se ignora los derechos de las víctimas que, además de ser ciudadanos mexicanos también deben de ser protegidos por nuestras leyes.

No importa la ciudadanía de cualquier extranjero que venga a México y delinca. Las leyes mexicanas no deben aplicarse en razón al origen del delincuente.

Hace falta que en nuestro país se aplique la justicia justa.

Es decir, una verdadera justicia que al margen de las interpretaciones que abogados y jueces den a las leyes se aplique con razón protegiendo a las víctimas que en los casos delictivos son la parte más débil.

Pero ya se ha hecho costumbre generalizada que muchos, muchísimos delincuentes evadan la acción de la justicia, supuestamente porque sus derechos humanos fueron violentados.

Aceptando sin conceder…¿Y los de las víctimas…?

Aplicar justamente la justicia es lo que hace falta en nuestro país.

El desenlace del caso de la Cassez debe imponer profundas reflexiones para la aplicación de la justicia y que ésta pueda ser justa con quien realmente la merece.