La educación, un negocio…
- José Angel Sánchez López -
Educad a los niños y no será necesario
castigar a los hombres.
Pitágoras
El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda la educación que imparta el Estado será gratuita y tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentando en él el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos.
En otro apartado del mismo artículo constitucional se establece que la educación impartida por el Estado contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuando por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, religión, de grupos, de sexos o de individuos.
Sin embargo, contrario a lo que señalan estos preceptos constitucionales, en muchísimas escuelas del sistema oficial se violan cotidianamente, al convertir los planteles en verdaderos negocios para directores y algunos maestros favorecidos.
Ante la complacencia total de las autoridades educativas, que han recibido ya por diferentes conductos denuncias de los abusos que se vienen cometiendo por algunos Directores con el cobro de los alimentos que deben entregarse gratuitamente a los educandos por estar subsidiados por el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC).
Una denuncia dada a conocer por el periodista Alvaro Aragón en el Noticiero Este Día que conduce Julio César Martínez en ausencia temporal de su titular Guadalupe Alvarado, desató una verdadera cascada de señalamientos que pusieron al descubierto los negocios que hacen los Directores de los planteles
beneficiados con los apoyos del PETC, cobrando cuotas que van de los 6 hasta los 15 pesos por alumno, cuando, insisto, esos alimentos deben ser totalmente gratuitos.
Bajo una serie de pretextos que no justifican el abuso, los directores involucrados en estas irregularidades se dan el lujo y cometen el abuso de negar los alimentos a los niños que no pagan regresándolos a sus hogares para comer y que luego regresen para continuar con el programa educativo.
Esto, el franca violación de lo marcado no solo en las reglas de operación del PETC y otros reglamentos internacionales de protección al menor sus derechos a la educación, la alimentación y la salud, sino en la misma Constitución Política.
A este fraudulento “negocio” se suman las llamadas “cuotas voluntarias” que de voluntarias no tienen nada ya que los mismos Directores de los planteles las convierten en obligatorias y rechazan o suspenden a los niños cuyos padres no pueden pagar.
Ahí, la SEPyC ha intervenido en algunos casos que llegan a su conocimiento, pero los más no llegan porque los padres temen que directores y maestros ejerzan actos de represión sobre los niños y hacen grandes esfuerzos para conseguir el dinero para pagar.
Esas cuotas supuestamente son aprobadas por los padres de familia en asambleas, a las que, en la realidad asiste una mínima parte y son dirigidas si no por el director, por algún maestro o alguna de las maestras que casi siempre están integradas a la mesa directiva porque también tienen hijos en el plantel.
De esos dineros no se rinden cuentas claras, no obstante que en la estructura de la SEPyC hay un departamento que debe supervisar la operación de las sociedades de padres de familia.
A ello se suman otras cuotas, dizque para materiales, insumos y gastos del plantel que también son obligados a pagar los padres de los alumnos.
Hay escuelas públicas en las que para que el niño sea inscrito debe pagar cantidades superiores a los 1,500 pesos a la hora de la inscripción, cifra en la que se incluyen las cuotas de la sociedad de padres y otras para el plantel.
Todo, con la plena complacencia de la SEPyC que no se ha decidido a actuar con energía para poner orden y sancionar a los directores depredadores de la ya gastada economía de los padres de familia.
Y si bien es cierto que el programa de uniformes y útiles gratuitos, cuando se aplique al 100% representa una verdadera ayuda para la economía de los padres de familia, muchos Directores mantienen sus minitas de oro con las cuotas y algunos tienen una adicional con el negocio de los alimentos que, pese a que deben ser gratuitos, venden a los niños que pueden pagarlos.
Por ello, la educación gratuita y humana que está inscrita en la Carta Magna de México, son solo letras y párrafos impresos en papel.
La educación pública se ha convertido, pues, en un negocio para muchos vivales que medran en el sector educativo y no hay autoridad que se faje los pantalones y actúe para impedirlo.
- José Angel Sánchez López -
Educad a los niños y no será necesario
castigar a los hombres.
Pitágoras
El artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda la educación que imparta el Estado será gratuita y tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, fomentando en él el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos.
En otro apartado del mismo artículo constitucional se establece que la educación impartida por el Estado contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuando por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, religión, de grupos, de sexos o de individuos.
Sin embargo, contrario a lo que señalan estos preceptos constitucionales, en muchísimas escuelas del sistema oficial se violan cotidianamente, al convertir los planteles en verdaderos negocios para directores y algunos maestros favorecidos.
Ante la complacencia total de las autoridades educativas, que han recibido ya por diferentes conductos denuncias de los abusos que se vienen cometiendo por algunos Directores con el cobro de los alimentos que deben entregarse gratuitamente a los educandos por estar subsidiados por el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC).
Una denuncia dada a conocer por el periodista Alvaro Aragón en el Noticiero Este Día que conduce Julio César Martínez en ausencia temporal de su titular Guadalupe Alvarado, desató una verdadera cascada de señalamientos que pusieron al descubierto los negocios que hacen los Directores de los planteles
beneficiados con los apoyos del PETC, cobrando cuotas que van de los 6 hasta los 15 pesos por alumno, cuando, insisto, esos alimentos deben ser totalmente gratuitos.
Bajo una serie de pretextos que no justifican el abuso, los directores involucrados en estas irregularidades se dan el lujo y cometen el abuso de negar los alimentos a los niños que no pagan regresándolos a sus hogares para comer y que luego regresen para continuar con el programa educativo.
Esto, el franca violación de lo marcado no solo en las reglas de operación del PETC y otros reglamentos internacionales de protección al menor sus derechos a la educación, la alimentación y la salud, sino en la misma Constitución Política.
A este fraudulento “negocio” se suman las llamadas “cuotas voluntarias” que de voluntarias no tienen nada ya que los mismos Directores de los planteles las convierten en obligatorias y rechazan o suspenden a los niños cuyos padres no pueden pagar.
Ahí, la SEPyC ha intervenido en algunos casos que llegan a su conocimiento, pero los más no llegan porque los padres temen que directores y maestros ejerzan actos de represión sobre los niños y hacen grandes esfuerzos para conseguir el dinero para pagar.
Esas cuotas supuestamente son aprobadas por los padres de familia en asambleas, a las que, en la realidad asiste una mínima parte y son dirigidas si no por el director, por algún maestro o alguna de las maestras que casi siempre están integradas a la mesa directiva porque también tienen hijos en el plantel.
De esos dineros no se rinden cuentas claras, no obstante que en la estructura de la SEPyC hay un departamento que debe supervisar la operación de las sociedades de padres de familia.
A ello se suman otras cuotas, dizque para materiales, insumos y gastos del plantel que también son obligados a pagar los padres de los alumnos.
Hay escuelas públicas en las que para que el niño sea inscrito debe pagar cantidades superiores a los 1,500 pesos a la hora de la inscripción, cifra en la que se incluyen las cuotas de la sociedad de padres y otras para el plantel.
Todo, con la plena complacencia de la SEPyC que no se ha decidido a actuar con energía para poner orden y sancionar a los directores depredadores de la ya gastada economía de los padres de familia.
Y si bien es cierto que el programa de uniformes y útiles gratuitos, cuando se aplique al 100% representa una verdadera ayuda para la economía de los padres de familia, muchos Directores mantienen sus minitas de oro con las cuotas y algunos tienen una adicional con el negocio de los alimentos que, pese a que deben ser gratuitos, venden a los niños que pueden pagarlos.
Por ello, la educación gratuita y humana que está inscrita en la Carta Magna de México, son solo letras y párrafos impresos en papel.
La educación pública se ha convertido, pues, en un negocio para muchos vivales que medran en el sector educativo y no hay autoridad que se faje los pantalones y actúe para impedirlo.
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