EDITORIAL......

                         Protección a Periodistas

                                         -José Angel Sánchez López-

El miércoles pasado, unas horas después de que en Culiacán el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré y el Gobernador Mario López Valdez, firmaran los convenios para dar vigencia a los protocolos de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, en Jalapa, Veracruz, era levantado para ser asesinado el periodista de Milenio Víctor Manuel Báez Chino.

Con este periodista suman 9 los comunicadores asesinados del 2010 a la fecha en el Estado de Veracruz y se incrementa la lista de periodistas asesinados en diferentes Estados de la república Mexicana, incluido Sinaloa.

Llama la atención el manejo mediático que se da a la firma de estos convenios para establecer ese protocolo de protección que, en la práctica, en la realidad, viene a ser un papel mas que, como la Constitución en muchos aspectos no pasan de ahí.

Si, estamos de acuerdo en lo dicho por el Gobernador López Valdez en ese acto protocolario en el sentido de que proteger a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos no es un favor que hace el Estado, sino una obligación.

En efecto, es una obligación del Estado, es decir el gobierno constituido en sus diferentes niveles, dar seguridad y protección no solo a los periodistas y defensores de derechos humanos, sino a toda la sociedad, a todos los habitantes.

También coincidimos con el Gobernador López Valdez en que ninguna nación puede hablar de libertad y democracia sin derechos humanos ni medios de comunicación libres. Totalmente de acuerdo!

Así, en México y en Sinaloa no podemos hablar de democracia plena si no hay plena libertad para disentir y señalar yerros sin que se molesten los servidores públicos.

En Sinaloa, como en otros Estados, también hemos tenido, en diferentes épocas, víctimas en el gremio periodístico.

En la actual administración local está el caso de Humberto Millán Salazar, de cuyo asesinato no hay a la vista resultados de investigación alguna y todo parece indicar que seguirá impune como todos los crímenes que a diario se cometen.

La pregunta es: ¿Si no hay avance a la vista del crimen en agravio de Millán Salazar, si cuando se denuncian amenazas o hechos delictivos no pasa nada, de que sirve que se nos diga que a partir de ahora las denuncias de amenazas y riesgo de muertes de quienes ejercen la labor periodística en Sinaloa y la defensa de las garantías individuales se atenderán en forma mas efectiva, de manera conjunta entre distintas dependencias de la federación y el Estado…?

¿Acaso es necesario un protocolo, un documento, papeles al fin, para atender las denuncias y los hechos delictivos, cuando es una obligación de las autoridades plasmada en las garantías individuales constitucionales y leyes derivadas de la Carta Magna…?

Podemos considerar que en verdad hay un interés por la seguridad de los periodistas, cuando a la firma del citado protocolo no se invitó a los dirigentes de las organizaciones de periodistas sinaloenses?.

En cuando a los defensores de derechos humanos solo estuvo el presidente de una de las Comisiones, cuando hay varios organismos que trabajan en el mismo sentido…

Que hubo periodistas en el acto protocolario y mediático?. Si: los reporteros de la fuente, encerrados en el ya conocido “corralito” acordonado que acostumbran instalar las gentes del Estado Mayor Presidencial, presentes en la custodia del señor Poiré.

Invitados presentes concesionarios de radio, que son empresarios de la comunicación electrónica pero ni son ni representan a los periodistas.

Consideramos que no basta un protocolo si no se ve la voluntad de los diferentes niveles de gobierno para respetar la actividad de los periodistas,
que por un lado tienen la amenaza de los poderes fácticos y por el otro el rechazo de los poderes constitucionales.

Mas que protocolo, es respeto lo que necesitan demostrar.